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El abogado Irujo sitúa a Cristóbal Fernández en medio de un conglomerado de empresas oculto tras Juan Parra

La querella presentada por el letrado señala que el exalcalde de Carboneras era socio, entre otras, de Tocantins SL, la mercantil que compró la deuda bancaria de Alain Cacoub y quebró al francés 


Cristóbal Fernández
ACTUALIDAD ALMANZORA / 17·07·2015

“Es de destacar que aunque formalmente Juan Parra Oller era titular del 25% del capital de Tocantins SL, de hecho actuaba por la mitad de dicha cuota en la sociedad como testaferro de don Cristóbal Fernández Fernández, alcalde del Ayuntamiento de Carboneras”. Lo mantiene el abogado valenciano Daniel Irujo en una querella presentada el pasado año contra su socio Juan Parra. La relación societaria arrancaría, según el documento, hace 13 años.

Los supuestos negocios de Cristóbal Fernández paralelamente al desempeño de sus funciones como alcalde de Carboneras han sido un comentario constante en el pueblo antes y ahora. Las presuntas actividades extrapolíticas del ahora exprimer edil estaban en boca de muchos, pero pocos se atrevían a ir más allá de un comentario discreto en la calle.

El empresario Pedro Hernández, popularmente conocido como Pedro El Jarana, sí interpuso querella en 2003 y le acusó de estar metido en el mundo de los negocios inmobiliarios a través de un testaferro llamado Juan Parra; todo ello tras la fallida operación de venta a un conjunto de empresarios carboneros de los terrenos rústicos municipales de la Torre del Rayo y la Loma de la Cañada (cerca de 64 Has.), que fue aprobada por el pleno el 24 de enero de 2003 y posteriormente anulada por la intervención de Ecologistas en Acción y la Junta de Andalucía. El escándalo fue mayúsculo. El Ayuntamiento vendió el metro cuadrado a 3,60 euros y siete meses más tarde recalificó multiplicando por 50 el valor de las dos fincas.

Juan Parra también fue señalado por el vecino de Carboneras Cristóbal Sánchez, marido de la tránsfuga del PP Gloria Ruiz, como autor de la entrega a su esposa de un maletín con 9 millones de pesetas –como anticipo de los 22 prometidos- si apoyaba la moción de censura que el PSOE de Cristóbal Fernández presentó en 1996 contra el independiente Antonio Hermosilla.

Tanto Pedro Hernández como Cristóbal Sánchez mantuvieron sus versión ante el juez de Vera, que en ambos casos archivó las causas.

Todo esto es pasado, pero el binomio Cristóbal Fernández/Juan Parra vuelve a ser referido ahora. Un abogado de Valencia llamado Daniel Irujo sostiene en la querella que presentó el 23 de junio de 2014 contra Parra por una serie de presuntos delitos societarios, que ambos eran socios suyos en una mercantil llamada Tocantins SL.

El origen

El abogado Daniel Irujo, de 64 años, posee una larga experiencia legal en el ámbito mercantil y es, además, un hombre de negocios ligados a la compra venta de terrenos y adquisición de deudas de terceros.

Irujo trabajó para la gran productora hortofrutícola española Pascual Hermanos. Más tarde tomó contacto con el empresario navarro Fernando Esquide (Pamplona) y el 18 de febrero de 2002 formaron sociedad bajo el nombre de Tocantins Inversiones SL.

Esquide, socio capitalista, dejaba amplios márgenes de movimiento a Irujo, que era el que recorría España a la búsqueda de oportunidades de negocio. Ese negocio consistía en adquirir créditos bancarios de empresas que pasaban por apuros económicos.

El asunto pasaba por, una vez comprado a la entidad financiera el préstamo que la empresa insolvente no podía pagar, Tocantins SL, como nueva dueña de la deuda, hacía valer sus derechos de cobro y, ante el impago, acababa quedándose con las propiedades o activos que habían avalado la operación bancaria.

El olfato del abogado-empresario Daniel Irujo le hizo desembarcar en la comarca. Había oído que una empresa de Carboneras atravesaba dificultades para pagar su deuda al banco y, lo más importante, que tras ella había interesantes terrenos avalando el crédito.

El rastro que seguía Irujo no era otro que el dejaban las maltrechas empresas del ciudadano mitad francés mitad carbonero Alain Cacoub. Numerosas decisiones tomadas por el gobierno municipal que presidía Cristóbal Fernández habían nokeado económicamente a Cacoub.

El 25 de marzo de 2002, el Ayuntamiento había instado al juzgado número 1 de Vera la quiebra necesaria de una sociedad del francés, Carboneras Playa SA, por deudas en concepto de IBI cuyo valor ascendía a 50.286,22 euros. La realidad es que tal deuda correspondía a 146 fincas que el Consistorio atribuía a Cacoub, si bien éste sólo era propietario de 22. El expediente municipal no establecía emprender los tradicionales procedimientos de cobro por vía ejecutiva o, llegado el caso, el embargo. Insólitamente, el Ayuntamiento optó por buscar la quiebra de Carboneras Playa SA. Las alegaciones/reclamaciones del francés no dieron ningún resultado a pesar de que argumentaba documentalmente al gobierno que dirigía Cristóbal Fernández que sus propiedades no eran más que 22 y que el resto hasta llegar a las 146 fincas eran, en unos casos, de terceros, en otros no estaban en Almería provincia -siendo también propiedad de terceros sin vínculos con el francés- y que algunas de esas fincas ni siquiera existían.

Así, el empresario y arquitecto francés veía caer a una de sus principales mercantiles, Carboneras Playa SA. Su otra sociedad, Colina Mar SA, tampoco gozaba de buena salud económica. Daniel Irujo lo sabía, así que el letrado, en representación de Tocantins SL, se dirigió a Unicaja. En la querella cuenta que “tuvo cerca de 10 reuniones en Almería con los directivos del departamento de activos irregulares” de la entidad, con la intención de comprar la deuda de Colina Mar SA, es decir, la deuda de Cacoub, que ascendía a 1.171.974 euros (casi 200 millones de pesetas).

Los directivos de Unicaja manifestaron a Irujo que su deseo era vender “pero que no era cuestión de precio, sino que había una influencia política que les vetaba cualquier operación que no tuviera el visto el bueno de esos difusos intereses con capacidad de bloqueo”.

Así incluso, Daniel Irujo concurrió en 2002 a la Audiencia ordenada por el titular del juzgado número 1 de Vera para la liquidación de activos de Carboneras Playa SA, como consecuencia de la quiebra instada por el Ayuntamiento. Allí, relata la querella que Irujo ha interpuesto a Juan Parra, “conocí a José Luis Martínez”, letrado del Consistorio.

A la salida de la audiencia y “en el marco de una comida en Garrucha”, José Luis Martínez dijo a Irujo y a Fernando Velasco Esquide –los dos eran socios únicos en Tocantins SL- “que conocía a unas personas en Carboneras con las que se debería entrar en sociedad, ya que podían desbloquear el tema de la adquisición de los créditos de Unicaja [ligados a Colina Mar SA] porque [esas personas] “tenían una relación muy íntima con persona influyente”.

Efectivamente esta reunión dio lugar a otras en Carboneras que culminaron en acuerdo. “Las condiciones de la operación –prosigue Irujo- fueron muy favorables al personal de Carboneras” pero fueron aceptadas por Tocantins SL. Tales condiciones suponían una ampliación de capital de Tocantins SL en 200 millones de pesetas y la incorporación a la mercantil de 4 nuevos socios. María Dolores Martínez –la hija del abogado del Ayuntamiento-, Raúl Seco Mirones y Juan Parra Oller, empresarios de Carboneras, y un cuarto (la “persona influyente”) que la propia querella presentada por Daniel Irujo desvela más adelante.

Los nuevos socios aceptan entrar en Tocantins SL pero advierten que no están dispuestos a poner dinero. Dado el atractivo económico de la operación que se gestaba, que prometía interesantes beneficios, los fundadores de Tocantins, Irujo y Fernando Velasco, asumen poner los 100 millones de pesetas que corresponden a los nuevos miembros. Así, Tocantins SL desembolsa sus 100 millones de pesetas correspondientes al 50% de las acciones y ponen los otros 100 millones de Martínez, Seco y Parra. Lo hacen de la siguiente manera: 50 millones “en metálico y sin recibo” y “50 millones más como préstamo sin intereses”.

Cristóbal y Tocantins

En consecuencia, Tocantins SL quedó constituida en escritura pública así: Daniel Irujo y Fernando Velasco con el 50% de las acciones; la hija del abogado municipal con un 12,5%, Raúl Seco con un 12,5% y Juan Parra con un 25%.

Configurado el nuevo accionariado de Tocantins SL, en Unicaja desaparecen todos los obstáculos “políticos” y compran la deuda de Cacoub. ¿Pero quién era el 4º nuevo y oculto socio, la “persona influyente?

“Es de destacar que aunque formalmente Juan Parra Oller era titular del 25% del capital de Tocantins SL, de hecho actuaba por la mitad de dicha cuota en la sociedad como testaferro de don Cristóbal Fernández Fernández, alcalde del Ayuntamiento de Carboneras”, suelta Daniel Irujo en la querella. Y prosigue: Cristóbal Fernández “me fue presentado antes de la ampliación de capital en el despacho del abogado José Luis Martínez en el Paseo de Salmerón de Almería”. Y algo más: Fernández “viajó en varias ocasiones a Pamplona” –donde reside Fernando Velasco- “y en los últimos años ha acudido junto a Juan Parra a docenas de reuniones en las que se trataban asuntos de Tocantins SL”.

Daniel Irujo sostiene en la querella que su vinculación societaria con Cristóbal Fernández se extendía a otras varias empresas: “Bayamako Invest SL, Rifeire SL, Pitanga Catú SL, Promoprogreso 2.000 SL y de otras sociedades en Brasil”.

La querella inicial –luego ha sido ampliada- contra Juan Parra y la abogada de Vera Julia Rubio, muy ligada al Ayuntamiento de Carboneras en los tiempos de Cristóbal Fernández, consta de 31 páginas que relatan un verdadero entramado mercantil. Al ahora exalcalde se le cita en al menos seis ocasiones y no precisamente para situarlo fuera de los negocios de Tocantins SL.

En la página 9 Irujo refiere que “llegó a unos acuerdos con Juan Parra y Cristóbal Fernández que se sintetizaban en que ambos financiarían el mantenimiento y desarrollo de las inversiones en Brasil, así como comprarían un tercio de Pitanga Catú SL por un importe de 200.000 euros y cubrirían los gastos de desplazamiento, estancia […] y ayudarían, caso de ser preciso, financieramente” a Irujo. Así mismo –prosigue en la página 11- el objetivo último sería quedarse con “un tercio de Pitanga Catú SL cada uno de los tres socios” (Irujo, Parra y Fernández). “Obviamente –prosigue relatándose en la querella-, desde el punto de vista formal sólo aparecía como socio con dos tercios Juan Parra, si bien él representaba en la mitad de sus acciones los intereses de Cristóbal Fernández”.

En la página 16 se puede leer: “en septiembre de 2011, los tres socios [el querellante Daniel Irujo, Juan Parra y Cristóbal Fernández] realizaron un viaje a Brasil, del 4 al 11, en el que hubo fuertes discusiones por actuar” Parra y Cristóbal Fernández “como si fueran los únicos propietarios”.

En todo este berenjenal empresarial había un macro plan consistente en comprar a Fernando Velasco, el socio inicial de Tocantins SL, sus acciones en las empresas creadas, quedando únicamente los tres como socios a partes iguales.

En la página 17 encontramos: “durante el año 2012 y el primer trimestre de 2013, el Sr. Juan Parra cayó enfermo, ocupándose de los negocios comunes el querellante [Daniel Irujo] y don Cristóbal Fernández, viajando ambos por lo menos 7 veces a Brasil con una aparente armonía, en el intento de sacar adelante los negocios comunes”.

En las páginas 18 y 19, Daniel Irujo mantiene que “en octubre de 2013, los señores Juan Parra y Cristóbal Fernández viajaron a Brasil mostrando a los encargados de las empresas determinadas copias de documentos diciendo que Irujo ni era socio ni representaba a Pitanga Catú SL en Indaltropik Consultoría Agrícola –otra de las empresas en la que participaban- ni tenía absolutamente nada, pues los propietarios eran ellos dos, Juan Parra y Cristóbal Fernández a medias, aunque formalmente sólo iba a figurar el primero”.

Aunque la querella está dirigida contra el empresario carbonero de origen cuevano Juan Parra y la abogada afincada profesionalmente en Vera Julia Rubio, Daniel Irujo solicitó y logró que Cristóbal Fernández fuese llamado a declarar por el juzgado. El exalcalde testimonió en Vera hace un par de meses. ACTUALIDAD ALMANZORA no ha podido acceder al contenido de esa declaración aunque fuentes bien informadas aseguran que reconoció haber estado en Brasil varias veces.

Si usted, querido lector, ha llegado hasta el final de esta información, quizá le interese saber, sólo como anécdota, que a día de hoy Juan Parra es el propietario del 92,5% de las acciones de Tocantins Inversiones SL.

Fernández no aparece como accionista; en realidad nunca apareció.

La mujer de Irujo denunció a Juan y Cristóbal por amenazas

Elizabete Dos Santos Teixeira, mujer del abogado Daniel Irujo, denunció por amenazas a Cristóbal Fernández y Juan Parra el mes de mayo del pasado 2014.

El asunto no prosperó porque los supuestos hechos habían prescrito.

Según Dos Santos, acudió a una reunión de negocios en representación de su esposo para abordar la situación general de las empresas que compartía con los dos carboneros. Ante los importantes desacuerdos, la mujer asegura que el exalcalde le dijo: “Juan [Parra] no arregla las cosas con abogados, sino que manda a personas, y si no lo ha hecho ya es por la amistad que nos une”.
Julia Rubio, 30.000 euros al año

La abogada Julia Rubio, acusada por Daniel Irujo, junto a Juan Parra, de delitos societarios, debía ser bien valorada por el alcalde Cristóbal Fernández. Percibió durante 5 años casi 160.000 euros, más de 30.000 euros al mes. El desglose pasa por una iguala mensual por asesoramiento jurídica durante gran parte del periodo que transcurre entre 2006 y 2011. Unos meses eran 1.160 euros, otros 1.010 ó 1.080.

Pero con independencia de esto, Rubio, letrada de origen albojense y con despacho en Vera, percibía otras cantidades más abultadas por tareas extras. El 19 de diciembre de 2008 recibió 49.000 euros en concepto de “provisión de fondos”. Ese mismo día, también por el mismo concepto, otros 10.000.

Rubio aparece citada en los confesiones de José Luis Marcos, un oscuro personaje que en 2003 acusó al entonces alcalde de Carboneras por fraude y malversación en la venta de las parcelas la Torre del Rayo y la Loma de la Cañada. Tres años después, en 2006, renunció a seguir con la querella e informó al juez que todo era una operación montada por Antonio Hermosilla y Antonio Ruiz, líderes de la oposición municipal, para “chantajear y extorsionar” al alcalde Cristóbal Fernández.

Con esta declaración en la mano, Fernández presentó querella contra Hermosilla y Ruiz por extorsión, amenazas, contra la intimidad y prevaricación.

No pasa mucho tiempo cuando José Luis Marcos sale de nuevo a escena, esta vez ante un notario, para decir que todo, desde el principio, “había sido instigado por Cristóbal Fernández”, quien le ofreció 300.000 euros para que implicara en asuntos feos a los dos portavoces de la oposición.

En medio de todo esto surge el nombre de Julia Rubio. Marcos la menciona en varios pasajes. En uno de ellos, José Luis Marcos asegura que la abogada le entregó en su despacho de Vera 49.000 euros –misma cifra que cobró la Sr. Rubio del Ayuntamiento el 19 de diciembre de 2008 por el concepto de “provisión de fondos”- como primera entrega prometida por el entorno de Fernández para comprar su silencio.

Sumen todo esto a la noticia principal de la página y podrán ir haciéndose una idea del contexto en el que se desarrollaba la política carbonera de los años previos a 2011.

Amérigo Fernández y ACTUALIDAD ALMANZORA

El paquete de ejemplares de ACTUALIDAD ALMANZORA, como siempre, sobre el mostrador de la entrada del Ayuntamiento de Carboneras, como en todos los ayuntamientos de la comarca.

Con andares de despistado, como si hubiese entrado al Consistorio por error, aparece Antonio Amérigo, hermano del candidato socialista, sobrino del exalcalde Fernández e hijo de la presidenta socialista local. Antonio acelera el paso, ahora sí parece tener claro lo que quiere. Llega hasta el mostrador, extiende la mano y… ¡coge el paquete entero de periódicos! Cargado, se dispone a marcharse pero alguien se dirige a él. Es un funcionario, un policía local que le afea la conducta y Amérigo devuelve el paquete a su sitio.

El socialista parece que no tenía interés en que sus vecinos conociesen la información que aparecía bajo el título “El señalado de ser testaferro de Fernández y sobornar a Gloria Ruiz compró la deuda de Cacoub y le quebró”.

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