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Las propiedades atribuidas a una sociedad de Cristóbal Fernández en Brasil suman casi la mitad del término municipal de Carboneras

La mercantil Fazenda Bom Agrocomercial LTDA posee al menos cuatro grandes fincas


Fazenda Bom, la finca brasileña que da nombre a la sociedad

ACTUALIDAD ALMANZORA / 30·07·2015

La mayor de las fincas, la Fazenda Bom, próxima a la ciudad de Trairí, es un espacio paradisíaco de 32 Km2. Su frente litoral con playas de fina arena es de casi 6 Km. Tal es su belleza que allí rodó en 2009 la televisión Rede Globo, la mayor cadena brasileña y segunda a nivel a mundial -por detrás de la ABC estadounidense-, el equivalente al programa Supervivientes de Tele 5.

El abogado valenciano Daniel Irujo, que tiene presentada una querella contra el empresario Juan Parra y la exabogada del Ayuntamiento de Carboneras Julia Rubio, sostiene que posee una tercera parte de Fazenda Bom Agrocomercial LTDA y que los otros dos tercios son del exalcalde Cristóbal Fernández y de Parra.

Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras durante 28 años hasta las elecciones de 2011, es copropietario de un conjunto de fincas en Brasil que sumarían 43 Km2, dimensión equivalente al 45% del término municipal carbonero. Lo afirma el abogado Daniel Irujo, que tiene presentada una querella por un conjunto de supuestos delitos mercantiles contra su socio Juan Parra, conocido empresario de Carboneras de origen cuevano.

Dicha querella, cuya instrucción lleva un juzgado de Valencia, sostiene que Irujo, Parra y Fernández eran accionistas a partes iguales en un entramado societario con grandes intereses transoceánicos. Tales intereses se concretarían en la mercantil Pitanga Catú SL, la cuál, a través de Indaltropik LTDA (abreviatura brasileña de sociedad limitada), sostenía financieramente a una tercera, también propiedad de los tres, denominada Fazenda Bom Agrocomercial LTDA y a cuyo nombre aparecen inscritas al menos cuatro grandes fincas en Brasil localizadas en el estado de Ceará, cuya capital es la ciudad de Fortaleza.

Fazenda Bon, junto a la ciudad de Trairí, es la más importante (Fazenda es hacienda en portugués). Situada a 100 kilómetros de Fortaleza, tiene 32 Km2 y un frente litoral de 5 kilómetros de playas de fina arena. En ella la gran cadena de televisión Rede Globo grabó el ‘reality show’ Supervivientes en su edición de 2009. La segunda finca se llama Fazenda Monte Verde, en las cercanías de la ciudad de Ubajara y a 304 kilómetros de Fortaleza. Tiene una superficie aproximada de 5 Km2. La tercera es Fazenda Santana, en la ciudad de Carnaubal, a 345 kilómetros de Fortaleza. Su dimensión es de 4,2 Km2. La cuarta es la Fazenda Baixa Grande, en la misma ciudad de Sao Benedito. Es la de menor extensión, con 1’2 Km2 de superficie, pero no por ello un valor inferior a las otras tres, pues los terrenos poseen la calificación de urbanos.

El conjunto de propiedades suman 42.440 Has., o lo que es lo mismo: 42,5 Km2, casi la mitad del término municipal carbonero.

Antecedentes

Las relaciones del abogado Daniel Irujo con la ‘gente de Carboneras’ se remontan a 2002, a raíz de un encuentro con el abogado del Ayuntamiento José María Martínez en los juzgados de Vera, a propósito de la liquidación de Carboneras Playa SA, una de las empresas del arquitecto Alain Cacoub.

A instancias del Consistorio que dirigía el socialista Cristóbal Fernández, el juzgado número 1 de Vera había decretado en 2002 la quiebra necesaria y liquidación de la sociedad del francés. Al olor de lo que se presentaba como un negocio interesante, acudió a la subasta el abogado valenciano Daniel Irujo en representación de Tocantins Inversiones SL, una empresa que había fundado el 18 de febrero de 2002 junto al empresario navarro Fernando Velasco Esquide.

Fue en la liquidación de Carboneras Playa SA cuando el abogado del Ayuntamiento de Carboneras José María Martínez hace saber a los de Tocantins que es posible quedarse con el resto de fincas de Cacoub; aquéllas vinculadas a la otra sociedad del francés, Colina Mar SA.

Tocantins SL trataba por esas fechas de comprar un crédito impagado de Cacoub con Unicaja por valor de 1.171.974 euros (casi 200 millones de pesetas)-, que estaba avalado por las valiosas propiedades de Colina Mar SA. Los directivos de Unicaja habían comunicado a los de Tocantins que el deseo de la entidad era vender “pero que no era cuestión de precio, sino que había una influencia política que les vetaba cualquier operación que no tuviera el visto el bueno de esos difusos intereses con capacidad de bloqueo”. Así se relata en la querella presentada por Daniel Irujo el 23 de junio de 2014 contra el empresario de origen cuevano y residente en Carboneras Juan Parra Oller, y más tarde ampliada contra la exabogada del Ayuntamiento carbonero Julia Rubio. Al primero le acusa de varios “delitos societarios” y a la segunda de “falsedad testimonial” por el contenido de su declaración, en calidad de testigo, prestada en el curso de esta querella.

Siguiendo con el relato, el abogado del Ayuntamiento José María Martínez comunica a Daniel Irujo y Fernando Velasco Esquide (propietarios de Tocantins SL) que existe la posibilidad de “desbloquear” los problemas que impedían la compra de la deuda de Alain Cacoub con Unicaja. Pero había una condición: era preciso que entraran a formar parte de Tocantins unas “personas de Carboneras […] que tenían una relación muy íntima con persona influyente”.

Hasta aquí la génesis de la historia.

Tal y como quedó reflejada en la información publicada por este medio, los de Tocantins aceptaron la propuesta y ampliaron el capital de la empresa en 200 millones de pesetas -para comprar la deuda de Cacoub- incorporando a la mercantil a María Dolores Martínez –hija del abogado del Ayuntamiento-, a Raúl Seco Mirones y a Juan Parra Oller, empresarios de Carboneras; y un cuarto (la “persona influyente”) que, según la querella, no es otro que el exalcalde de Carboneras Cristóbal Fernández.

“El testaferro Parra” 

Fernández estaría oculto tras el 25% de las acciones de Tocantins suscritas por Juan Parra. “Es de destacar que aunque formalmente Juan Parra Oller era titular del 25% del capital de Tocantins SL, de hecho actuaba por la mitad de dicha cuota en la sociedad como testaferro de don Cristóbal Fernández Fernández, alcalde del Ayuntamiento de Carboneras”. El resto de las acciones se repartían de la siguiente manera: un 50% quedaba en posesión de Daniel Irujo y Fernando Velasco Esquide, socios fundadores de Tocantins SL; un 12,5% era para la hija del abogado municipal José María Martínez y el 12,5% restante para Raúl Seco Mirones.

La incorporación de “la gente de Carboneras” a Tocantins SL tenía una particularidad, o quizá a tenor de los explicado en la querella debería llamarse exigencia: los nuevos socios no iban a poner ni un duro. ¿Por qué?

La querella señala que fueron Irujo y Velasco Esquide quienes aportaron tanto los 100 millones de pesetas correspondientes a su parte, como los 100 millones correspondientes a los nuevos socios. Era la condición para que ‘desde Carboneras’ se desbloquease el asunto de Cacoub con Unicaja, abriendo la puerta a Tocantins SL para que pudiera adquirir la deuda del francés; todo como paso previo a quedarse con las atractivas fincas que Cacoub tenía en Carboneras y que avalaban el préstamo. La operación acabó tal y como fue diseñada y Tocantins pasó a ser la dueña de las deudas del francés forzando la quiebra de Colina Mar SA para cobrarse.

Con el transcurrir de los años, entre 2002 y 2008, las relaciones de los antiguos y los nuevos socios de Tocantins pasan por múltiples vicisitudes donde las alianzas, la armonía, los beneficios, los desengaños y las traiciones iban a ser una constante. Y el exalcalde Fernández siempre presente, recuerda Irujo.

Cristóbal Fernández, relata el abogado en su querella, “me fue presentado antes de la ampliación de capital en el despacho del abogado José Luis Martínez en el Paseo de Salmerón de Almería”, “viajó en varias ocasiones a Pamplona” –donde reside Fernando Velasco- “y en los últimos años ha acudido junto a Juan Parra a docenas de reuniones en las que se trataban asuntos de Tocantins SL”.

Las relaciones societarias en Tocantins se fueron ampliando a “Bayamako Invest SL, Rifeire SL, Pitanga Catú SL, Promoprogreso 2.000 SL y otras sociedades en Brasil”.

Tierra de oportunidades 
Sí, Brasil. Brasil ha estado presente en un sin fin de comentarios en las calles de Carboneras. Las sospechas sobre las actividades económicas de Cristóbal Fernández paralelas a su función de alcalde han sido constantes en sus últimos años de regidor y en los posteriores ya fuera de la política. Ahora aparecen denominaciones como Tocantins, Bayamako, Rifeire, Pitanga Catú y otras que son propias de un Brasil que Daniel Irujo conoce bien fruto de la relación que tiene desde hace años con el ‘país tropical’. No en vano, su mujer tiene esta procedencia.

A resultas de serias desavenencias y colisión de intereses van quedando fuera de las sociedades, a través de la venta de sus participaciones, el navarro Fernando Velasco Esquide, Raúl Seco Mirones y María Dolores Martínez –la hija del abogado del Ayuntamiento-. En el negocio siguen, según cuenta Daniel Irujo, él mismo, Juan Parra Oller y Cristóbal Fernández. Tocantins SL, la empresa relevante hasta ese momento, pasa a un segundo plano y adquiere notoriedad Pitanga Catú SL, mercantil que fue constituida para “llevar a buen fin unas inversiones realizadas en Brasil”.

Pitanga Catú SL 
Creada el 4 de febrero de 2004 por Irujo y Esquide, el devenir de los acontecimientos posteriores en los que el “personal de Carboneras” juega un papel esencial hace que Pitanga Catú SL pase a ser propiedad, a partes iguales, del abogado Irujo, el empresario Parra y el político Cristóbal Fernández, revela el letrado en su querella.

Pitanga Catú SL era una sociedad instrumental para inyectar fondos en otra mercantil del grupo llamada Fazenda Bom LTDA. El trasvase de dineros se hacía con la sociedad puente Indaltropik Consultoría Agrícola LTDA. Tanto Fazenda Bom como Indaltropik no son empresas españolas, aparecen inscritas en registros mercantiles brasileños.

Si como ha quedado reflejado Pitanga Catú se constituyó el 4 de febrero de 2004, no fue hasta diciembre de 2008 cuando Parra –“testaferro de Fernández”, recuerda Irujo- empieza a vincularse con esta empresa “de una forma informal”. Pero es “en 2011 cuando adquiere una parte del accionariado”. Y lo hace aprovechando “las desavenencias” que surgen entre Daniel Irujo y Velasco Esquide “básicamente por los temas de Brasil además del desencanto del Sr. Velasco con los avatares de Tocantins SL y otras mercantiles en España”.

El resultado de esas desavenencias culmina en la salida de Velasco Esquide de las sociedades quedando todo en manos de Daniel Irujo, Cristóbal Fernández y Juan Parra –“un tercio para cada uno”- “con independencia de quien formalmente figurase como titular”. Estos acuerdos “se cerraron en el despacho de la letrada doña Julia Rubio, sito en la calle del Mar, Edificio Teatro, local número 1, de Vera, con presencia de los tres”.

“Desde un punto de vista formal aparecería como socio con dos tercios Juan Parra Oller, si bien representaba en la mitad de sus cuotas los intereses de don Cristóbal Fernández, que por razones que sólo a él incumben prefería no figurar directamente”. Irujo atribuye a Parra y Fernández el papel de “socios capitalistas”, reservándose él el de representante de los intereses de los tres en Brasil por tener larga experiencia en operaciones empresariales en aquel país. Los primeros pondrían el dinero, y el segundo conocimiento y experiencia en tierra extraña para los dos de Carboneras.

En 2011 “los tres socios realizamos un viaje a Brasil (del 4 al 11 de septiembre) en el que hubo fuertes discusiones” -cuenta Irujo- “por actuar Cristóbal Fernández y Juan Parra como si fueran los únicos propietarios”. Durante 2012 y el primer trimestre de 2013 marchan de nuevo a Brasil, aunque esta vez sólo lo hacen Daniel Irujo y Cristóbal Fernández “al caer enfermo Juan Parra”. Irujo narra que con el exalcalde cruzó el Atlántico “por lo menos siete veces en una aparente armonía en el intento de sacar adelante los negocios comunes”.

Recuperado Parra de su enfermedad, el que enferma en junio de 2013 es Irujo. La querella da cuenta de nuevos viajes al otro lado del Atlántico. Ahora los que cogen el avión son Cristóbal Fernández y Parra “mostrando a los encargados de las empresas determinadas copias de documentos”, tratando de convencer a los trabajadores que Irujo “ni era socio ni representaba a Pitanga Catú SL en Indaltropik Consultoría Agrícola LTDA, indicando que los propietarios eran ellos dos, aunque formalmente sólo figuraba el primero”.

Sin comentarios 
A pesar de la gravedad de las aseveraciones que han venido vertiendo tanto el arquitecto Alain Cacoub en un durísimo escrito registrado en el Ayuntamiento de Carboneras –en el que exige una compensación económica de 11 millones de euros- como el abogado Daniel Irujo en su querella, ni Cristóbal Fernández ni nadie de su gobierno o de la dirección socialista local ha hecho llegar a esta redacción desmentido alguno. El boicot informativo al que el socialismo carbonero ha sometido desde siempre a este medio no facilita tampoco el poder reflejar sus opiniones.

Por otro lado, más allá de las revelaciones de Irujo relacionando a Cristóbal Fernández con grandes intereses inmobiliarios en Brasil, diversos documentos a los que ha podido acceder ACTUALIDAD ALMANZORA contienen datos muy esclarecedores sobre la vinculación del exalcalde con estos negocios allende los mares.

Casa colonial, 200.000 cocoteros, un pantano y 17 lagunas de agua dulce

La joya de Fazenda Bom Agrocomercial LTDA, la mercantil que registra las grandes posesiones de Pitanga Catú SL en Brasil, es la Fazenda Bon, en Trairí, una impresionante finca de 3.200 Has. con una extensa línea de playas vírgenes que se extiende a lo largo de más de 5 kilómetros. Su belleza es tal que la segunda mayor cadena de televisión del mundo, Rede Globo, escogió la hacienda para rodar en 2009 y durante dos meses los capítulos del ‘reality show’ No Límite (En el Límite), el equivalente al programa de Tele 5 Supervivientes.

Su inmensidad acoge 200.000 árboles cocoteros, almacenes, una casa colonial, una fábrica de agua de coco, 70 kilómetros de cercas y nada menos que 17 lagunas de agua dulce.

Cuenta el abogado Daniel Irujo en su querella que cuando la adquirió Fazenda Bom Agrocomercial LTDA “trabajaban 80 empleados”, si bien “los anteriores propietarios habían despedido a más de 200”.

Otra de las propiedades, la Fazenda Monte Verde, en Ubajara, con 500 Has., está atravesada por un caudaloso río cuyas aguas son reguladas por un pantano construido dentro de la finca.

La tercera en extensión, la Fazenda Santana-Carnaubal, dedica 110 Has. de las 424,18 que tiene al cultivo del aguacate.

Finalmente las 120 Has. de la Fazenda Baixa Grande, en la misma ciudad de Sao Benedito -60.000 habitantes-, cuentan con la clasificación de urbanizables.


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