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Los regantes de Almería se niegan a pagar sobrecostes causados por el presunto fraude de ACUAMED

El presidente de FERAL confía en que el Gobierno “devuelva a los agricultores hasta el último euro cobrado indebidamente”





Arcadio Mateo del Puerto, director general de ACUAMED cesado tras su detención por la Guardia Civil. La foto fue tomada en una reciente visita que hizo a la comarca. (FOTO: PEPE ALONSO)
 
ACTUALIDAD ALMANZORA / 28·01·2016

La sociedad estatal que ha realizado las desaladoras de la comarca y las obras del trasvase Negratín-Almanzora está siendo investigada bajo sospecha de aumentar significativamente las cantidades abonadas a las empresas adjudicatarias. Al cierre de esta edición, la Guardia Civil había detenido a un total de 13 personas, entre las que se encontraban el director general, Arcadio Mateo del Puerto, la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, y el que fuera delegado en Almería, Jaime de Miguel. La Federación de Regantes de Almería (FERAL) ha anunciado, de confirmarse los indicios, su rechazo a que los agricultores paguen la parte correspondiente a la estafa. 

La asociación que agrupa a los regantes de la provincia de Almería, FERAL, ha expresado su rechazo a que los agricultores paguen el sobrecoste de las obras en el caso de que la investigación judicial confirme la existencia de contrataciones irregulares realizadas en el seno de la sociedad Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) tras el registro practicado por efectivos de la Guardia Civil en las dependencias de su sede central en Madrid y en las que mantiene en Valencia y Murcia a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que se ha saldado con la detención de 13 personas, entre las que se encuentran el director general de la empresa, Arcadio Mateo del Puerto, la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco Pfeiffer y el que fuera delegado de ACUAMED en Almería, Jaime de Miguel. 

El motivo de los registros es la búsqueda de numerosos contratos públicos inflados adjudicados para el desarrollo de obras hidráulicas en la cuenca del Mediterráneo. Las fuentes aseguran que la cuantía del fraude que se investiga es "muy importante". 

Las obras bajo sospecha están relacionadas, según la Guardia Civil, "con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses". 

Además de los detenidos, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco llamará a declarar en calidad de ‘investigados’ (lo que antes se conocía como ‘imputados’) a otras 35 personas a las que también acusa de la presunta adjudicación fraudulenta de obras, así como de la supuesta falsificación de certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias. El operativo está a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. 

ACUAMED tiene como objetivo promover las infraestructuras necesarias "para dar solución a la compleja gestión del agua en las cuencas mediterráneas españolas, con el fin de impulsar el desarrollo de las regiones en las que opera", según se lee en su página web, así como "la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas". 

Los regantes almerienses están obligados a la amortización de los seis grandes proyectos gestionados en la provincia por ACUAMED, que suponen un montante económico de 711,8 millones de euros, cuya repercusión es un importante lastre para miles de explotaciones agrícolas de la provincia, que pagan el agua más cara de toda España. 

Los proyectos gestionados por ACUAMED en la provincia son la Desaladora en el Bajo Almanzora (Palomares), inservible tras la riada de 2012, que importó 77.600.000 euros; la conexión entre la presa de Cuevas de Almanzora y el Poniente por 91.700.000 euros; la Desaladora de Carboneras, que costó 131.700.000 euros; la conexión Negratín – Almanzora por un total de 177.400.000 euros –que pagan las comunidades de regantes de la Junta Central del Valle del Almanzora-; la conexión Almanzora-Poniente Fase I por importe de 58.600.000 euros; y la Desaladora de Balerma por 144.800.000 euros. 

Alguna de estas obras, como la Desaladora de Carboneras, fue adjudicada, licitada y adjudicada siendo consejero delegado de ACUSUR (anterior denominación de ACUAMED) Fernando Cabezón, exparlamentario andaluz del PP por Almería, cuyo nombre, como consejero delegado de Azata del Sol en Almería y vocal y accionista de Río Alías S.A., aparece vinculado a la turbia historia del Hotel de El Algorrobico. 

El presidente de FERAL, José Antonio Fernández, ha explicado que reclamará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que exima a los productores almerienses del pago del sobrecoste de las obras, de modo que “nunca repercuta en nuestros bolsillos la parte del presupuesto que no se corresponde con las obras ejecutadas en realidad”. Del mismo modo, los regantes confían en que el Gobierno “sea honesto y transparente con el campo almeriense y devuelva a los agricultores hasta el último euro cobrado indebidamente”. 

Los agricultores quieren doblar el Negratín y la conexión con Rules 

El nuevo Plan Hidrológico Nacional fue aprobado inicialmente el pasado 8 de enero y los regantes de la provincia han presentado una batería de solicitudes que esperan sean tenidas en consideración. 

Su principal demanda es la aprobación definitiva de un PHN que cuente con un amplio respaldo de fuerzas políticas; que un cambio de signo político en el gobierno no suponga su derogación. 

Asimismo, reclaman la denominada ‘autovía del agua’ que conecte el pantano de Rules con el de Cuevas del Almanzora y las desaladoras construidas entre ambos, a fin de aprovechar los 80 Hm3 de excedentes del embalse granadino y poder recurrir a los recursos de las plantas de desalación. 

Además han solicitado permiso para doblar la tubería de impulsión del trasvase del Negratín y una dotación de 25 Hm3 más de esa procedencia. 

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