“El núcleo duro de Acuamed incurrió en un delito de organización criminal”

A continuación reproducimos los fragmentos más significativos del Auto judicial que fundamenta los cargos contra los imputados de la Operación Frontino

El juez Eloy Velasco

Miguel Ángel Sánchez / 08·02·2016

El magistrado Eloy Velasco es titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y el encargado de investigar la Operación Frontino o Caso Acuamed. 

Entre los años 1995 y 2003 fue Director General de Justicia de los gobiernos de la Generalidad Valenciana, bajo la presidencia de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. En la actualidad instruye también el amplio sumario de la Operación Púnica, que fue conocida a raíz de que el 27 de octubre de 2014 la Guardia Civil detuviera a 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años, a cambio de pagos y comisiones ilegales; dineros que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario. Francisco Granados, que llegó el hombre de confianza de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, es el principal encausado. 

A continuación reproducimos los fragmentos más significativos del Auto judicial que fundamenta los cargos contra los imputados de la Operación Frontino. 

“En concreto, se aprecia que al menos desde mediados de 2014, el Director General de la Empresa Pública ACUAMED, adscrita al Ministerio de Agricultura, el Sr. Arcadio Mateo del Puerto, ha urdido en connivencia con quien más adelante se dirá, un conjunto de actuaciones, dolosas, imperativas, conscientes y queridas (se habla de presiones) para imponer en el seno de ACUAMED numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos, con el correlativo beneficio injusto (pero también querido) retribuido en parte en regalos en especie para él y para otros –implante de pelos y viaje a Turquía…-, a favor de diversos contratistas de obra pública con ocasión de la adjudicación, en algunos casos, y del desarrollo de la ejecución, en otros, de diversos contratos públicos en obra para la ejecución de infraestructuras acuarias en diversos puntos de la cuenca mediterránea, y en los que los contratistas, conniventes con aquél [Arcadio], ayudaban y cooperaban a la perpetuación de estas irregularidades, así como presionaban a los directivos de ACUAMED para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades, de forma que consiguieron, con la ayuda del Director General y su equipo más próximo, que, si se negaban a la irregularidad, los funcionarios probos (honrados) fueran removidos de su cargo o bien, incluso destituidos, y siempre en la evacuación de favorecer a la empresa privada, aún conscientes de que ello conllevaba el correlativo perjuicio en los dineros públicos que, sin embargo, por supuesto, tenía que defender (alguno llega a decir que el dinero público no es de nadie)”. 

“Las referidas irregularidades, sin intento de exhaustividad, se vislumbran en al menos seis contratos públicos y consisten resumidamente en lo siguiente: 

- “Desaladora del Bajo Almanzora, en Almería. Adjudicataria FCC [y otras (UTE)]: 

Con ocasión de una inundación de la misma que la dejó inservible, se aprecia una concertación entre el director general de ACUAMED y los contratistas por la que, en contra de lo que decía el contrato y la legalidad, ACUAMED no exige que cubra los desperfectos y pague el seguro de las empresas contratistas, sino que arbitra un acuerdo por el que pretende hacer pagar a la empresa pública el 40% de los mismos, cuando no es responsabilidad de la administración, y compensar, por el 60% que quería hacer pagar a la UTE de FCC, en otras obras; al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio [de Agricultura], especialmente en la obra de descontaminación del pantano de Flix, donde quería fijar modificados ficticios irreales para al final compensar en 40 millones de euros a la misma (UTE de FCC). 

Como consecuencia de la oposición de ciertos funcionarios a permitir tales irregularidades, la desaladora sigue sin arreglar y la empresa sin permitir la liquidación de ese contrato, pretendiendo que los aproximadamente dos millones que podría debérseles se conviertan en 10, con un perjuicio para la Administración de 8 millones de euros. Los Presupuestos Generales del Estado de 2015 preveían cubrir esa compensación indebidamente pactada entre a cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio, fijando un monto de 10 millones más veinte millones para hacerlo, no llegando a ejecutarlo finalmente al conocer la denuncia que ha originado la presente causa en la Fiscalía, lo que no obstó en la persistencia en la idea, pues se consignaron cerca de 36 millones de euros en los Presupuestos Generales en 2015, manteniéndolos, sólo que reducidos, en los de 2016 a una compensación de 8 y 14 millones”. 

- “Descontaminación física del pantano de Flix, cuyos contratistas fueron una UTE de FCC Ámbito y FCC Construcciones, en las que ante una reclamación ilegal de 30 millones de euros apoyada por los directivos de ACUAMED, pero negada por los técnicos, se pretenden cambios de certificaciones para retirar penalizaciones y pasar de una facturación aproximadamente debida de 3,5 millones, a 40 ficticios que se intentan justificar certificando unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos, creándolo para meter conceptos extraordinarios que no existían, con documentación falsa pretendiendo justificar unos conceptos por otros, con convalidación del gasto de 32 millones y un proyecto complementario, causando un perjuicio a la Administración de 40 millones de euros para compensar a FCC siguiendo instrucciones emanadas desde la Superioridad, como se ha dicho más arriba”. 

- Presa de Avenida Rambla Gallinera, en Valencia. […] discutiendo la validez del proyecto inicial se realizaron sondeos, estudios y proyectos diferentes sin realizar el proyecto contratado, llegando a certificar por 2 millones de euros por unidades de obra que no están en el contrato, en concreto una escollera que nunca existió. 

- “Conducciones y Tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel, en Alicante. Adjudicada a ALTEC. La adjudicación se amaña para acabar adjudicando a ALTEC quien en los informes de los técnicos nunca hubiera conseguido la adjudicación. Con anterioridad se adjudicó a CLOTHOS la asistencia técnica, pese a que los técnicos [de la Administración] la calificaron con la peor puntuación. CLOTHOS acabó haciendo los informes técnicos contrarios a los informes de los funcionarios. Esos informes favorecieron la adjudicación de la obra a ALTEC, que no hubiera sido nunca adjudicataria debido a su mal posicionamiento en los informes de la Administración”. 

- “Cerro Colorao, en Águilas, donde había que colocar entre 10 y 20 kilómetros de tuberías para que al agua de la desaladora de Águilas subiera hasta ese cerro para regar campos de Lorca. Adjudicado a ALTEC, por orden de la Dirección General y en contra de los precios más baratos, la contratista adquirió tuberías a la empresa que las vendía más caras, STS-TUBULAR GROUP SA, en vez de a una empresa, precisamente en Lorca, NOSKEL, que las vendía más baratas, de modo que los técnicos [de la Administración] no podían certificar 240.000 euros en tubos más caros simplemente porque el Director General, Arcadio Mateo, las hubiese obligado a comprar”. 

- “Presa antiavenidas en el río Sepis, Valencia. Donde se hizo una liquidación de la obra a favor de la contratista ALTEC por casi 2 millones de euros más de lo que procedía, enmascarando esos importes hinchados en inexistentes trabajos de arqueología, por ejemplo, de manera que se pretendió una sobre facturación y una liquidación de obra por encima de lo contratados y realizado”. 

En esa labor urdida por el director General de ACUALED Arcadio Mateo del Puerto durante el plazo dicho, éste no dudó en destituir o remover de su puesto a funcionarios técnicos probos [honrados] que no se plegaban a sus irregularidades y paulatinamente fue colocando en los removidos a personas de su confianza que sí lo hacían, siendo su brazo derecho en esa gestión irregular la que nombró como Directora de Ingeniería y construcción Gabriela Mañueco Pfeiffer, Francisco Javier Gómez Pastos como Gerente de Contratación y Pablo Martín Mira, a quien ascendió al cargo de Gerente Territorial del Júcar, quienes sí se plegaron sin discusión a las órdenes arbitrarias e irregulares de los dos primeros, aunque quizá también por no contrariar a sus superiores, o por miedo a sufrir las consecuencias de despido que habían visto en otros compañeros, aunque también en búsqueda de beneficios propios como ascensos, prebendas y agasajos de los contratistas (alquileres de coches de lujo, estancias en hoteles de lujo, colocación de familiares en las empresas beneficiadas…), y por otro lado altos empleados de empresas contratistas adjudicatarias […] que se prestaron, sabiendo que es irregular y no se puede hacer, no sólo a las connivencias y conciertos dichos en un afán más que de perjudicar los intereses públicos, de hinchar los beneficios de sus empresas ampliando su prestigio profesional en función de sus resultados y dando prebendas a los funcionarios conniventes, incurriendo los empleados del núcleo duro del Director General de ACUAMED en un delito de organización criminal […], cuyos delitos acompañantes son fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos, falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa, en los que los empleados de las contratistas aparecen como cooperadores necesarios […]”.