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Cajamar falló al aceptar avales de alto riesgo en la concesión de un préstamo a Spancrete

El jefe territorial de La Caja, Bartolomé Viúdez, y el responsable de la zona Levante, Francisco Alonso, dieron a la empresa un crédito hipotecario de 1.3 millones de euros cuya garantía eran unos terrenos públicos en disputa


Eduardo Baamonde, actual presidente de Cajamar

Miguel Ángel Sánchez / 24·06·2016

El jefe territorial de La Caja, Bartolomé Viúdez, y el responsable de la zona Levante, Francisco Alonso, dieron a la empresa un crédito hipotecario de 1.3 millones de euros cuya garantía eran unos terrenos públicos en disputa. La operación se hizo en 2006, poco antes de que los tribunales sentenciaran que la propiedad era de los vecinos de Antas e inembargable. Las pérdidas para Cajamar superan de largo los 1,2 millones de euros. 

“Cualquier otra entidad podía aducir ignorancia, pero Cajamar contaba con oficina en Antas y con un antuso entre sus altos directivos. Por fuerza tenía que saber del caso Spancrete, aunque no quiero acusar de nada porque no tengo pruebas”. 

Quédense con la declaración que hizo la alcaldesa de Antas, Isabel Belmonte, al ser preguntada si La Caja podría ejecutar el aval sobre los terrenos en los que se asentaba Spancrete y que hoy, de acuerdo a un dictamen judicial firme, han vuelto a ser propiedad de todos los vecinos. Al final del artículo es posible que le encuentren más significado aún, si cabe. 

El Ayuntamiento había vendido el 26 de enero de 2000 una propiedad pública de 20 Has. situadas en el Llano de los Pagos a Paneles Aislantes Spancrete S.A por 120.000 euros. El acuerdo fue tumbado por la justicia en marzo de 2007 en base a que se trataba de un espacio comunal. El régimen jurídico de estos bienes se inspira en los principios de inalienabilidad (el dominio público no se puede vender), imprescriptibilidad (no puede obtenerse su propiedad mediante la usucapión) e inembargabilidad (no puede ser embargable). Son las llamadas 3 notas demaniales. 

Pese a los recursos de alzada presentados, respectivamente, por el Ayuntamiento y Spancrete ante el Tribunal Supremo, éste ratificó la sentencia en dos pronunciamientos emitidos en 2007 y 2009. La venta quedaba definitivamente anulada. 

En 2006, nueves meses antes de que los tribunales se pronunciaran, Spancrete precisó una inyección económica y acordó con Cajamar dos créditos hipotecarios poniendo como aval 11 de las 20 Has que le había vendido el Ayuntamiento. El primero por valor de 685.600 euros, con un periodo de amortización de 144 meses, que vence el 10 de julio de 2018; y el segundo por un importe de 635.600 euros, con un periodo de amortización de 120 meses, que vence el próximo 30 de junio de 2016. Ambas operaciones, concedidas a un interés del 3,971% y cuya suma total ascendía a 1.321.200 euros, se formalizaron en la notaría el 15 de junio de 2006. 

Paneles Aislantes Spancrete SA conseguía la liquidez que necesitaba –aunque cerró meses después- y Cajamar se aseguraba, con el aval de los terrenos, el cobro en caso de impago. O eso creía. 

Las garantías que avalaban el préstamo no eran ni remotamente fiables y quienes aprobaron la operación debían saberlo. No en vano, el entonces jefe de Zona, Francisco Alonso, es de Antas, y los servicios de riesgos de la entidad debieron ser avisados de las circunstancias que concurrían. Éstas no eran otras que la propiedad de los terrenos no estaba clara. En febrero del año 2000, el Partido Popular, en la oposición, interpuso un recurso contencioso administrativo contra la venta de los citados terrenos por considerar que no eran un bien patrimonial del Consistorio que podía enajenarse o venderse. Para los concejales del PP, el Ayuntamiento había dispuesto de un bien comunal -invendible e inembargable- propiedad del pueblo. 

Los representantes de Cajamar no se dieron por enterados ni del contencioso de febrero de 2000, ni del posterior auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un mes después, en marzo, por el que suspendía cautelarmente la venta al observar serios indicios de que la operación no se ajustaba a la legalidad. 

La medida provisional no llegó a aplicarse puesto que, a la espera de una sentencia, el auto exigía a los populares el depósito de 50 millones de pesetas; extremo que no llegó a producirse “porque nosotros no teníamos ese dinero”, cuenta la hoy alcaldesa, Isabel Belmonte y entonces miembro del grupo municipal del PP. 

El propio secretario municipal hace expresa mención a este hecho en un escrito que pueden leer en la página 6 de este periódico: “Un tribunal acepta la suspensión, aunque exija garantía, cuando aprecia indicios de que algo no se está haciendo bien”. 

Había, pues, unos antecedentes en junio de 2006, que quienes por aquellos días eran Jefe Territorial de Almería, Bartolomé Viúdez; su superior José Luis Heredia; y especialmente el responsable de la Zona Levante y vecino de Antas, Francisco Alonso, debían saber. Pero, pese a la conflictividad que rodeaba los terrenos, se cerró un acuerdo que ningún responsable territorial de banco ni su área de riesgos habría aceptado. 

El resultado es que Spancrete cerró la fábrica pocos meses después de recibir el dinero y dejó de pagar. Según los datos que obran en poder de esta redacción, la empresa mantenía en 2010 una deuda con La Caja de casi 900.000 euros. En concreto, del primer crédito quedaban pendientes 513.192,94 euros y del segundo 369.291,66 euros. Total 882.484,60 euros. 

Es decir, del 1.321.200 euros concedido, sólo se habían devuelto 438.715,40 euros, aproximadamente un tercio del préstamo. Además, los dichos 882.484,60 euros que restan por pagar se habrían incrementado teniendo en cuenta que en el acuerdo se estableció la aplicación de un interés por demora de hasta el 18,75% anual aplicable a un máximo de dos años, lo que se traduce en otros 384.220 euros más. En resumen, la deuda, intereses incluidos, era en 2010 de 1.266.704,60 euros. Casi la misma cantidad que fue prestada. 

POR NO ESTAR AL TANTO 

Y todo por no estar al tanto de la realidad de los terrenos, o pasar este detalle por alto asumiendo un temario riesgo. Las cosas no pintan bien para que Cajamar pueda ahora cobrar la deuda. La justicia ordenó al Ayuntamiento incluirlos en el inventario de bienes demaniales, lo que les hace inembargables. La Caja no lo tiene fácil para cobrar. Más pérdidas ocasionadas por Viúdez y Alonso –y quizá también por Heredia, que ha sido siempre su superior- en el ejercicio de sus altas responsabilidades en la Cooperativa de Crédito. 

Pero no se cierra aquí la lista de aspectos interesantes que rodean el crédito de Cajamar a Spancrete. 

Según consta en el Registro de la Propiedad, La Caja había establecido un valor de subasta para las fincas hipotecadas de 3.483.626 euros. 2.317.300 para la primera y 1.166.326 para la segunda. 

Dicho de otra manera, el Ayuntamiento vendió en el año 2000 por 120.000 euros 20 Has. de terreno a Spancrete, ésta hipoteca el 15 de junio de 2006 la mitad de la propiedad –11 Has.- en un préstamo de 1.321.200 euros, al tiempo que esas 11 Has. son tasadas en 3.483.626 euros. 

Sólo la mitad de los terrenos tenían un valor para Cajamar 29 veces superior al cobrado por el Ayuntamiento por toda la propiedad seis años antes. ¿Quién tasó aquello? ¿Se excedió la tasadora o el Consistorio vendió muy barato? 

El secretario actual señala en su escrito de la página 6 “que por casos conocidos ‘el precio se fijaría entre 50.000 y 100.000 pesetas/hectárea’”. Parece que el Ayuntamiento se avino a los precios de mercado teniendo en cuenta que la propiedad sólo tenía aprovechamiento de “caza, espartos y pastos”. Demasiado valor de tasación para tan ‘flaca’ finca. 

Con todo lo descrito, la declaración de la alcaldesa que abría la información adquiere un mayor significado. “Cualquier otra entidad podía aducir ignorancia, pero Cajamar contaba con oficina en Antas y con un antuso (Francisco Alonso) entre sus altos directivos. Por fuerza tenía que saber del caso Spancrete, aunque no quiero acusar de nada porque no tengo pruebas”. 

Los responsables del error, que se hicieron millonarios mientras dirigían Cajamar, se sientan hoy en el Consejo Rector amparados por el nuevo presidente, Eduardo Baamonde. 


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