Carta desde Galicia a los Prior

JOSÉ MARÍA ALÉN DE LA TORRE*

09·06·2016

DESDE GALICIA, QUEREMOS mostrar nuestro apoyo a los Sres. Prior. Son un ejemplo de dignidad y perseverancia. 

Todos los que estamos aquí, somos personas que compramos una vivienda ante un notario, escrituramos en un registro de la propiedad, pagamos las plusvalías municipales y demás impuestos, nos censamos en esas viviendas, tenemos luz, agua, teléfono, y años más tarde, un tribunal condena a una administración por hacer mal su trabajo, y los que se quedan sin vivienda somos los vecinos y propietarios de las mismas. 

¡Pues menos mal que no hemos comprado nuestras viviendas en un top-manta!, aunque la diferencia sería escasa, únicamente nos habríamos evitado pagar a un montón de dinero a los supuestos garantes de las transacciones inmobiliarias, y a las administraciones, que al final no son garante de nada. 

Es sorprendente que los tribunales en España actúen basándose exclusivamente en la aplicación de una legislación urbanística, la cual por supuesto hay que cumplir, pero también hay que tener en cuenta el artículo 34 de la ley hipotecaria; que también es ley y que también habrá que tener en cuenta para emitir una sentencia. Se entiende que los tribunales de justicia están para hacer justicia, y ésta no puede ser incompleta. Efectivamente reponer la legalidad urbanística y demoler una vivienda puede ser correcto, pero también es incompleto, y aquí es donde los tribunales se olvidan de los inocentes propietarios que no han hecho nada malo y que se quedan sin casa y sin indemnización por la pérdida patrimonial y moral sufrida. 

Por supuesto que, de no ser posible otra solución, habrá que demoler, pero la sentencia debe incluir a los legítimos propietarios de esas viviendas para ser resarcidos de las pérdidas sufridas. Así la justicia sería total, y no a medias. 

Es más, los procedimientos judiciales se desarrollan con el total desconocimiento por parte de los propietarios, y es años después, cuando la sentencia ya es firme en el correspondiente Tribunal Superior de Justicia o en el Tribunal Supremo, cuando los vecinos que ya llevan años viviendo, se enteran de que su casa es ilegal. 

¿Pero en qué país vivimos donde un juez que lleva un procedimiento judicial, no notifica a los vecinos y propietarios de esas viviendas, conforme se está llevando un juicio en el que su casa es la cuestión a litigio? ¿Hay que ser una persona fuera de serie para darse cuenta de que en esas viviendas son de alguien y que hay personas viviendo? Pues parece ser que sí. 

Es más, en estos momentos se está planteando la constitucionalidad del artículo 108.3 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, y sin embargo no conozco ningún tribunal que se cuestione la constitucionalidad de una sentencia que afecta al derecho a la vivienda de los vecinos afectados. Sí, al artículo 47 de nuestra Constitución. El artículo 108.3 habla de que se depositarán las garantías para hacer frente a las indemnizaciones a los terceros de buena fe por las posibles demoliciones, algo que resultando insuficiente a todas luces, por lo menos introduce el concepto de indemnizar a los inocentes y no condenados terceros de buena fe. 

Lo justo sería no que se depositaran las garantías, sino que se indemnizaran las cantidades equivalentes a una vivienda en condiciones similares a los inocentes vecinos. No es tan complicado, es tasar el precio de mercado de una vivienda idéntica en esa misma localidad y obligar a la administración condenada a pagar a esos vecinos antes de demoler. Eso es justicia, que es lo único que pedimos todos. 

Nuestras viviendas, amparadas por el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son mucho más que el lugar donde nacieron nuestros hijos, donde fuimos creciendo, donde lloramos y reímos, todo eso y más, y que de repente, se ve roto por una sentencia que nos lleva a desvincularnos para siempre con ese lazo que las personas tenemos entre nuestros recuerdos y el lugar donde se vivieron los mismos. 

Sabemos del dolor de los Sres. Prior, y precisamente porque lo sufrimos, pedimos que no se siga torturando aún más a estas personas cuyos sueños e ilusiones quedaron tocados para el resto de sus vidas. 

¡Basta ya! Somos personas, no hemos hecho nada malo, y las equivocaciones de las administraciones nos están destrozando. No sólo es quedarse sin casa, es que no podemos entender que en una nación como España puedan pasar estas cosas, y que además seamos 2.000.000 de personas afectadas en todo el país. Es ilógico e injusto, y por ello esto tiene que cambiar, y si los tribunales quieren ser ejemplarizantes con las administraciones, tendrán que serlo a costa de ellas, y no de los vecinos, porque de no ser así las administraciones seguirán actuando como hasta ahora, y personas como los Sres. Prior seguirán sufriendo y padeciendo por algo que ellos no han hecho. 

Un abrazo para todos y especialmente para los Sres. Prior desde la Asociación Gallega de Defensa Urbanística de los Terceros de Buena Fe.

*Presidente de la Asociación Gallega de Defensa Urbanística de los Terceros de Buena Fe (AGADE)