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Absueltos todos los imputados de la UE-6 de Garrucha

La sentencia, que no es firme y llega 10 años después de la interposición de la denuncia por parte de Hermanos Muñoz SL, condena a la promotora a pagar las costas “por haber litigado con temeridad y mala fe”


Detalle de la sentencia que absuelve en primera instancia a los investigados en el caso de la UE 6
Miguel Ángel Sánchez / 01·03·2017


Diez años después de presentada la querella por la promotora Hermanos Muñoz contra el exalcalde de Garrucha Andrés Segura, su titular de Urbanismo Martín López, el secretario municipal Juan Luis Pérez Tornell y tres empleados públicos más, la justicia ha declarado inocentes a los seis procesados, imputados por prevaricación, extorsión, amenazas y el cobro indebido de tasas o impuestos (exacciones ilegales). La causa penal es resultado de una larga disputa entre los privados y la administración local por la construcción de 134 viviendas detrás del castillo. 

En el marco de la unidad de actuación número 6 (UE-6), en septiembre de 2004 un conjunto de vecinos advierte al Ayuntamiento de que la parcela ha tenido un aprovechamiento urbanístico muy superior al establecido en las normas subsidiarias (NN.SS). Denuncian ante el Consistorio de que hay un exceso de edificación que cuantifican en 28 apartamentos de más. 

No les faltaba razón, pues una medición posterior confirma esta tesis poniendo de manifiesto una discrepancia evidente entre la superficie recogida por las NN.SS –de 21.100 m2- y la ficha urbanística de la parcela, que establecía una dimensión de 26.692 m2 y en base a la cual fue otorgada la correspondiente licencia de construcción. La polémica estaba servida. Los vecinos llegaron a decir que el Ayuntamiento había permitido “el mayor pelotazo urbanístico de la historia de Garrucha”. 

En una serie de rápidos movimientos, el equipo de gobierno dirigido por Andrés Segura pide opinión al Consejo Consultivo de Andalucía, paraliza las obras, anula el convenio y suspende la licencia. Hechos que salen refrendados por el pleno gracias a la mayoría que tiene el alcalde. 

Los movimientos que se producen a continuación son múltiples, tanto de orden estrictamente político como en el frente de los tribunales de justicia. La empresa interpone varios contenciosos administrativos, mientras que el abogado del Ayuntamiento, Juan Manuel Llerena, trata de negociar con Promociones Hermanos Muñoz una salida al conflicto que pasaría por una compensación económica al Consistorio por las supuestas ganancias ilícitas de la empresa. 

Ante la falta de acuerdo, el Ayuntamiento redacta un nuevo convenio donde acepta la otorgación de la licencia de primera ocupación a las 106 viviendas que corresponden a la dimensión real de la parcela, al tiempo que exige 2,1 millones para legalizar las 28 restantes. Hermanos Muñoz, por su parte, pide que se redimensione la UE-6 con terrenos propios adyacentes y se rectifique la discrepancia -de la que culpa al Consistorio- entre lo que refleja la ficha urbanística, 26.692 m2, y la contenida en las NN.SS, 21.100 m2. 

Finalmente, la promotora acepta firmar el convenio si bien, una hora antes, su representante Mateo Muñoz pasa por el notario para que levante acta de que rubricará el documento obligado por las arbitrariedades, amenazas y extorsiones a las que se ha visto sometido. 

Los historia sigue su curso y el frente judicial administrativo, aparentemente contradictorio, da y quita la razón a la promotora. Una sentencia firme da por buena la licencia de construcción inicial mientras un segundo fallo respalda el pago de los 2,1 millones, que a día de hoy no han sido abonados ni parece que el Ayuntamiento esté en condiciones de poder exigir por las múltiples dificultades derivadas del enredo administrativo en que se ha visto envuelta esta larga controversia. 

Quedaba pendiente de sustanciarse la querella presentada por la empresa contra el alcalde, su concejal de Urbanismo y cuatro técnicos municipales. Se presentó a principios de 2007 y ha tenido una extensa y poco justificable instrucción de 10 años, con un expediente de 2.000 folios. 

Al alcalde se le atribuían ocho delitos: cinco de prevaricación, uno de amenazas, otro de extorsión y un último de exacciones ilegales. Lo mismo para el titular de Urbanismo, Martín López Peña. Al secretario Juan Luis Pérez Tornell, cuatro delitos de prevaricación, uno de extorsión y un séptimo por exacciones ilegales. Al abogado del Ayuntamiento, Juan Manuel Llerena, cuatro delitos de prevaricación, uno de amenazas, otro de extorsión y un último de exacciones ilegales. Al técnico de la Diputación adscrito al departamento de Apoyo a Municipios, Martín Pérez, amenazas, extorsión, exacciones ilegales y un delito de prevaricación. Por último, al arquitecto municipal José María Echarte, Hermanos Muñoz le atribuye amenazas, extorsión y exacciones ilegales. 

Para la magistrada Marta Inés Sierra, ninguna de las imputaciones ha podido ser probada. Coincide con ella el fiscal, que solicitó la libre absolución de todos los encausados. 

TEORÍA CONSPIRATIVA 

“La teoría conspirativa que sirve de fundamento a la acusación, que parte de la afirmación de que la promotora fue víctima de un engaño por parte de los responsables del Ayuntamiento, que la alentaron a realizar el proyecto para posteriormente, con la colaboración de los técnicos imputados, obstaculizar maliciosamente la regularización de las 28 viviendas no incluidas dentro de la UE-6 […], con la finalidad de obligarla al pago de una contraprestación económica, quiebra a la luz” de los “hechos declarados probados”. 

Así, uno por uno, la titular del juzgado de lo Penal número 4 de Almería, sostiene en su sentencia argumentos que desmontan la versión de la parte querellante, entendiendo que el comportamiento de los procesados no resulta penalmente castigable. En este sentido, subraya que siendo un solo técnico de Diputación el que se sienta en el banquillo, en realidad participaron hasta tres funcionarios del mismo departamento en la redacción de los informes que ampararon las decisiones políticas del entonces gobierno de Garrucha, siendo los tres coincidentes en sus conclusiones. Da por sentado también la magistrada que si Hermanos Muñoz firmó el segundo convenio que le comprometía al pago de 2,1 millones de euros, “fue debido a su situación contextual propia” –llegaba del verano y necesitaba hacer entrega a los compradores de sus viviendas- y “no a una imposición del Ayuntamiento”. A renglón seguido, culpa a Hermanos Muñoz de originar este conflicto al “solicitar una licencia de obras sobre la base de un estudio de detalle –elaborado por la propia empresa- que no se correspondía” con la dimensión del terreno. Ello “en lugar de haber esperado a la corrección del error advertido en las Normas Subsidiarias” respecto a la extensión de la parcela. 

El fallo absuelve a los seis imputados, deja sin efecto las medidas cautelares adoptadas durante la instrucción, entre ellas las cargas sobre la Finca Vistalegre que el Ayuntamiento, como responsable subsidiario en caso de condena, hubo de poner a disposición del juzgado en concepto de la fianza impuesta de 2,3 millones de euros; y ordena a Hermanos Muñoz que se haga cargo de las costas judiciales “por haber litigado con temeridad y mala fe”. 

De la sentencia, dictada el 17 de febrero, sólo tres días después de celebrado el juicio, y publicada esa misma tarde por un diario digital de Almería, no tuvo conocimiento Hermanos Muñoz hasta las 19 horas del lunes, 20 de febrero, cuando este medio se puso en contacto con uno de sus abogados. Todo apunta a que habrá recurso. 

Veintidós años de cárcel, 260 de inhabilitación y 720.000 euros en multas 

El conjunto de las condenas solicitadas por Hermanos Muñoz para los 6 imputados se elevaba a 22 años y medio de cárcel, 260 años y nueve meses de inhabilitación, multas por valor de 721.100 euros y 36 condenas a costas. 

- Andrés Segura y Martín López: Para cada uno, 6,5 años de prisión, 64 años de inhabilitación, 146.000 euros en multas y las costas por los 8 delitos. 

- Juan Manuel Llerena, abogado: 6,5 años de prisión, 60 de inhabilitación, multa de 146.000 euros y las costas de 7 delitos. 

- Juan L. Pérez, secretario: 1 año de prisión, 37 años y 3 meses de inhabilitación, 45.700 euros de multa y las costas de 7 delitos 

- Martín Pérez, técnico: 1 año de prisión 21 años y tres meses de inhabilitación, 118.700 euros de multa y las costas por cuatro delitos. 

- José M. Echarte, arquitecto: 1 año de prisión, 14 años y tres meses de inhabilitación, 118.700 euros de multa y las costas de tres delitos. 











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