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“La renovación del alumbrado público de Carboneras en 2008 confirma la tesis del saqueo”

La última “prueba” sería la denuncia que el Ayuntamiento ha puesto en conocimiento del fiscal sobre la adjudicación de unas obras por importe de medio millón de euros para sustituir el alumbrado del Paseo Marítimo sin concurso ni contrato


Algunas de las farolas cuya contratación ha sido objeto de la demanda contra el exalcalde Cristóbal Fernández
Javier Irigaray / 17·05·2017

Es el diagnóstico que el teniente de alcalde Felipe Cayuela (GICAR) realiza sobre la gestión del gobierno de Cristóbal Fernández (PSOE). La última “prueba” sería la denuncia que el Ayuntamiento ha puesto en conocimiento del fiscal sobre la adjudicación de unas obras por importe de medio millón de euros para sustituir el alumbrado del Paseo Marítimo sin concurso y ni tan siquiera contrato. El caso se une a otros como el de la desaparición de unos facsímiles de los grabados de Goya o la compra de contenedores que “nunca llegaron al pueblo ni debieron ser comprados”. 

“Auténtico escándalo” y “saqueo de las arcas públicas” son dos epítetos empleados por el independiente Felipe Cayuela para describir una “adjudicación hecha a dedo y sin tan siquiera mediar contrato” otorgada por Cristóbal Fernández a dos empresas para sustituir el alumbrado público del Paseo Marítimo. 

Los hechos, que fueron puestos por el Ayuntamiento en conocimiento del fiscal jefe de Almería el pasado 13 de febrero, se remontan a 2008, cuando Fernández decidió solicitar una subvención para el fin descrito que la Junta de Andalucía le concedió el 25 de agosto de ese año. Cuatro días más tarde, el entonces alcalde dispuso el comienzo del expediente de ejecución de las obras. 

Sin embargo, la propia Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía destapó el 22 de noviembre de 2010 en una resolución que señalaba el “incumplimiento”, por parte del equipo de gobierno que dirigía el socialista Cristóbal Fernández, de la obligación de justificar los importes gastados, así como los procedimientos exigidos para poder beneficiarse de la subvención que había solicitado y recibido para la ejecución de la obra mencionada. 

La Consejería detallaba en su notificación que, para acometer el proyecto, se habían subcontratado al 100% de los trabajos “sin la autorización previa establecida en la orden que regula dicha subvención”. Pero, además, la resolución de la Junta desvelaba que “no se habían aportado los tres presupuestos como mínimo exigidos” por la ley de contratos para poder adjudicar aquellos cuyo importe supera los 30.000 euros cuando, en el caso que nos ocupa, el valor total de la adjudicación alcanzaba los 492.185,65 euros. 

Para colmo, la administración autonómica añadía un reproche más a Cristóbal Fernández, tío del actual portavoz local del PSOE, José Luis Amérigo, y es que “las certificaciones [de las obras presentadas] no coinciden con las facturas emitidas”. 

Es decir, que el equipo de gobierno del exalcalde socialista cometió una serie de irregularidades e incumplimientos, según la Junta de Andalucía, que obligaron a ésta a iniciar un expediente de reintegro de los 221.482,19 euros que había adelantado con cargo a la subvención concedida por un total de 295.309,59 euros. Además, la Consejería exigió al Ayuntamiento carbonero otros 26.938,15 euros en concepto de intereses. 

Por todo ello, el Consistorio, presidido ahora por el alcalde independiente Salvador Hernández, ha denunciado ante el fiscal a Cristóbal Fernández por un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos, basándose para ello, entre otras pruebas, en la propia resolución de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, que destaca en la conducta del que fuera regidor de la localidad “un alto índice de irregularidades”. 

“Hemos tenido que devolver 248.420,34 euros correspondientes a la entrega a cuenta de la subvención más los intereses devengados -explica el teniente de alcalde-. Era raro el mes que, durante el pasado mandato, no nos encontrábamos con algún susto de este tipo, por no hablar de los quince millones de deuda que dejó Cristóbal Fernández a todos los carboneros cuando tuvo que abandonar la alcaldía, una cantidad que hemos rebajado a seis millones en los cinco años que llevamos de gobierno municipal”. 

Para Cayuela, el asunto que han puesto ahora en manos del fiscal no es un simple error. “Cristóbal lo hizo a sabiendas. Él llevaba veinte años de alcalde cuando sucedieron los hechos y no puede alegar ignorancia. Todo el mundo sabe que la adjudicación de un contrato de medio millón de euros hay que sacarla a licitación”. 

“Por si fuera poco -añade-, se había comprometido con la Junta en realizar los trabajos con medios propios del Ayuntamiento para terminar encargándolos a dedo. Todo esto confirma la tesis de un saqueo de las arcas municipales en toda regla por parte de quienes nos antecedieron en el gobierno”. 

El concejal independiente vinculaba el caso con “la forma de actuar del PSOE en Carboneras”, recordando otros como el de los contenedores. “En el caso de los contenedores, Cristóbal Fernández se rió de todos los ciudadanos. Los compró cuando el Consorcio de Residuos los ponía en virtud del contrato existente. Además, no los sacó a licitación y pagó a Cespa los 170.000 euros que importaban las dos facturas que presentó sin que los contenedores llegaran a ser suministrados nunca. Eso no es gestionar. Yo lo llamo de otra manera”. 

Recordaba Cayuela que Cespa, la concesionaria del servicio de limpieza viaria, “cobraba cada año 2,6 millones por servicios extraordinarios que, supuestamente, prestaba, justo el doble de los 1,3 que percibía por el contrato firmado. La empresa se fue de Carboneras reclamando 5 millones de euros que tuvimos que pagar por orden del juez porque la Junta de Gobierno de Cristóbal Fernández aprobó las facturas cuyo abono exigía la mercantil”. 

En cuanto al procedimiento abierto a instancias del Grupo Socialista de Carboneras contra el alcalde Salvador Hernández por negar, presuntamente, información a la oposición, el concejal independiente asegura que el regidor encausado “nunca ha ocultado ningún expediente ni documento, aunque su entrega haya podido, alguna vez, retrasarse debido a las limitaciones de personal que tiene el Ayuntamiento, exactamente igual que ocurría cuando gobernaba el PSOE”. 

Además, Felipe Cayuela acusaba a los socialistas de su pueblo de intentar “fabricar pruebas”. Señalaba el edil que “más de la mitad de la información que solicitaban era acerca de asuntos sobre los que no había que votar ni pronunciarse”. 


El municipio delega en Diputación sus competencias sobre el ciclo del agua 


Tras el anuncio de la negativa de los ayuntamientos gobernados por el PSOE, además de Tíjola, a aprobar la reforma de estatutos de Galasa, y el inicio del procedimiento para abandonar la empresa pública de municipios como Arboleas y Garrucha, las miradas estaban puestas en Carboneras. 

El equipo de gobierno no se había pronunciado y, sin embargo, sí había trascendido que estaba estudiando otras fórmulas alternativas de suministro y su repercusión en el coste del servicio. 

Finalmente, la incertidumbre dio paso a la seguridad de su continuidad en la sociedad, así como su voluntad de aprobar la “prestación de los servicios del ciclo integral del agua en la Diputación Provincial de Almería y la delegación en la misma de la competencia para su imposición y ordenación tributaria”, lo que se materializará durante el pleno extraordinario que tendrá lugar el viernes 5 de mayo. 

“Aunque subir el precio del agua causa pánico a los políticos –sostenía el edil de Hacienda independiente Felipe Cayuela-, entendemos la necesidad de hacerlo, algo que no ocurre desde 2009 a pesar de que, ahora, el suministro proviene de desaladora”. 

“Es la hora del sentido común –añadía-. No se puede dejar crecer la pelota. Aunque tarde, se están empezando a hacer mejor las cosas en Galasa, en donde los criterios empresariales comienzan a prevalecer sobre los políticos. A eso hay que unir el esfuerzo inversor que ha puesto sobre la mesa Diputación y que ha acabado por convencernos para continuar dentro de la sociedad pública provincial”.



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